Experiencia uruguaya

Los días siguientes a la anulación de la Ley de Caducidad revistieron un absoluto silencio en el Ejecutivo uruguayo. Si bien es conocida la postura del presidente José Mujica respecto a la reapertura de las causas –y el inicio de otras, a partir de ahora- que investigan las violaciones a los Derechos Humanos en la última dictadura uruguaya , el mandatario prefirió mantenerse al margen de toda polémica, hasta este fin de semana, cuando se publicó una entrevista concedida al diario español El País.
“No soy adicto a vivir mirando para atrás, porque la vida siempre es porvenir y todos los días amanece”, expresó el presidente.” Pero esa es mi manera de ser. No se la puedo imponer a mis conciudadanos”, confió el jefe de Estado, con lo que reafirmó la reserva del Ejecutivo ante el revés en el Parlamento, aunque aseguró que no vetaría la decisión legislativa.
De acuerdo con el periódico, es el mismo Mujica, ex dirigente tupamaro, quien no ha querido impulsar personalmente esa iniciativa, manteniéndose al margen de la polémica.
“Hay una parte del pueblo que sufrió más, y sobre todo están sus familiares, que no encuentran consuelo con algunas cosas que pasaron en Uruguay y que no se han ventilado desde el punto de vista jurídico”, afirmó.
Mujica intentó explicar los motivos por los cuales evade hablar del tema. “Somos presidentes de la Nación. De los que nos votaron y de los que no nos votaron”, sostuvo. “Dijimos desde el primer momento que queríamos construir, en todo lo que se pudiera, unidad nacional”, justificó.
El Estado uruguayo evaluó, en dos oportunidades, la posible derogación de la Ley de Caducidad, pero en ambos casos, la sociedad votó por el no. De acuerdo con el mandatario uruguayo “no es equivalente a que la gente haya avalado lo que ocurrió en la dictadura. Eso sería injusto con la sensibilidad de mi pueblo”. No obstante, el jefe de Estado opinó que tal vez “una parte de la ciudadanía estaba harta de la discusión”.
Consultado sobre su relación con las Fuerzas Armadas uruguayas, Mujica reconoció las dificultades que tiene, hoy por hoy, para vincularse con un espacio de Gobierno que pretende mostrarse lejos de quienes serían investigados por los crímenes de la última dictadura en el país.
"Una democracia republicana debe cultivar la fidelidad de sus fuerzas armadas. Nunca se va a tener la fidelidad de aquellos a los que uno desprecia. Esta es la paradoja. Esta herida que traemos del pasado hace que, subjetivamente, mucha gente de este país esté inculpando a los militares de hoy por los que lo eran ayer. Y esto es un error que cometemos para con el futuro”, remarcó.

Fuente: Perfil.com

En un clima de tensión política en el Parlamento, pero de indiferencia popular, fracasó esta madrugada en Uruguay el proyecto para dejar sin efecto la ley de amnistía a los militares luego que el gobernante Frente Amplio (FA) no lograra la mayoría necesaria por la rebeldía de uno de sus legisladores
El presidente José Mujica, que tardíamente había advertido a sus diputados que no era conveniente votarlo, pero que tuvo el desacato de su bancada que rechazó sus argumentos, tuvo el día de su cumpleaños 76 la noticia de que uno de esos diputados no quiso votar contra su planteo y se fue de sala. Pero de esa forma, el legislador Víctor Semproni también lo desobedeció, porque en las últimas horas Mujica le había pedido en privado y en público -a través de su audición radial "Habla el presidente"- que mantuviera la unidad de la bancada y votara igual que sus camaradas.
El proyecto interpretaba que quedaba anulada la Ley Nº 15.848 conocida como "Ley de Caducidad" porque en 1986 estableció que había "caducado la pretensión punitiva del Estado" sobre los delitos cometidos por militares y policías de la dictadura (1973-85).
Inicialmente, se consideró por la Suprema Corte que era una especie de amnistía, pero en los hechos no lo fue y permitió procesar con prisión a los dos dictadores, Juan María Bordaberry y Gregorio Alvarez, y a los principales agentes de la represión de aquellos años.
La convocatoria a rodear el Palacio Legislativo que hicieron los gremios de obreros (PIT-CNT), estudiantes (FEUU) y varias organizaciones sociales de izquierda, no tuvo respaldo popular pese a que se dispuso paro general. Ni las barras de Diputados estuvieron llenas de público.
La tensión interna del Palacio fue más por la incertidumbre de la votación que por el tono de los discursos, que no tuvieron puntos de gran atención.
Tras meses de marchas y contramarchas, y más de 14 horas de maratónico debate parlamentario, la coalición oficialista no logró los 50 votos necesarios para aprobar la iniciativa que había sido votada en el Senado. La votación terminó con un empate 49 a 49.
El diputado Semproni, que podía haber sido el voto 50, hizo su discurso sobre las cinco de la mañana y se fue de sala. Semproni comenzó a militar en los años cincuenta como sindicalista bancario, está jubilado de ese gremio, fue guerrillero y preso de la dictadura.
Semproni expresó en varias oportunidades su postura, según la cual considera que no está bien "caminarles por encima" a los dos plebiscitos a los que fue sometida esa ley. Además, cree que el nuevo texto perjudica a la izquierda y al país, y no contribuye a los objetivos de "verdad y justicia" sobre los hechos de la dictadura.
Los partidos Nacional (con 30 bancas), Colorado (17) e Independiente (2) contaron con sus 49 votos de forma firma para oponerse a lo que consideran un avasallamiento de la Constitución, tal cual habían adelantado.
La oposición sostiene que el Parlamento no puede votar contra lo resuelto por la ciudadanía en el referendo de 1989 y el plebiscito de 2009, y además, que el texto que tratarán viola las normas constitucionales.
La norma interpretativa de la ley de caducidad, que había sido elaborada por una comisión especial del Frente Amplio, no puede volver a ser tratada hasta el año 2015, pero los dirigentes de la izquierda que ayer sufrieron una dura derrota, anunciaron que buscarán otros mecanismos para anularla del orden jurídico.
La ley votada en 1986, que había sido ratificada en un referéndum de 1989, fue considerada inconstitucional en 2009 por la Suprema Corte de Justicia, pero no hubo votos para anularla en el plebiscito de ese año.
En tanto, hoy como todos los 20 de mayo, será la Marcha del Silencio en reclamo de esclarecimiento de los casos de desaparecidos. La intención del Frente Amplio era que este año fuera el primer 20 de mayo sin Ley de Caducidad.

Fuente : La Nación