Se recuerda hoy el 36° aniversario del más sangriento golpe militar contra las instituciones de la República, el que a su vez dio paso a la página más aberrante de las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Nadie puede olvidar y justificar las atrocidades cometidas a partir de esa trágica fecha en la historia argentina, más allá del desorden que existía en las instituciones y la falta de voluntad de la clase política para encontrar una salida a la crisis en que se encontraba el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
La institución del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia debe servir, precisamente, para plantear ante las nuevas generaciones los graves hechos cometidos por el terrorismo de Estado. Nunca más debe repetirse la secuencia de secuestros, torturas y muertes perpetrada por las Fuerzas Armadas y los aparatos de seguridad del Estado en contra de quienes pensaban distinto y querían un país con más igualdad y mejor distribución de la riqueza.
No hay autocrítica por parte de quienes fueron protagonistas de esos condenables momentos, como lo prueban las recientes confesiones del ex teniente general Jorge Rafael Videla a un medio español, en las cuales tuvo la osadía de no sólo reivindicar lo actuado, sino también de declararse un “preso político”. Desde el histórico juicio a las Juntas Militares hasta los procesos más recientes, Videla y sus adláteres tuvieron todas las garantías que jamás otorgaron a las víctimas de sus crímenes. Lo de “preso político” es otra injusticia para quienes realmente lo fueron.
Esto es parte de la memoria y de la lucha por la justicia que deben conocer las jóvenes generaciones. Pero también deben conocer que, salvo pocas excepciones, ninguno de los grupos armados que enfrentó a las Fuerzas Armadas ha realizado una autocrítica completa de los actos violentos previos al golpe de 1976. Por caso, las familias de Oberdan Sallustro y José Ignacio Rucci, sólo para tomar dos asesinatos paradigmáticos cometidos por los ex grupos guerrilleros Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros, respectivamente, aún esperan palabras de consuelo y autocrítica.
No se trata de comparar ni adjudicar similares niveles de responsabilidad. Que quede claro: el terrorismo de Estado no debe repetirse. El Día de la Memoria debe servir para reflexionar sobre los graves episodios de violencia que no sólo abrieron la puerta a un proceso sistemático de violación de los derechos humanos por parte del Estado, sino también a un proyecto económico-social que excluía a millones de argentinos.
Sin embargo, es el mismo Estado el que debe ofrecer una mirada más abarcadora de los hechos de esa década trágica, para esclarecerlos en sus causas y consecuencias. Y para que nunca más la violencia sea el modo de resolver las diferencias entre los argentinos.
Fuente: La Voz del Interior, Córdoba, Argentina
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